JORGE BARREDO,
PRESIDENTE DE UNEF, CONTRA LA TASA AL SECTOR
“El Gobierno se está olvidando de que hay 200.000 familias invertidas en la fotovoltaica. Este es un producto que vendía Banif en ventanilla a participaciones de 10.000 euros”, lamenta Jorge Barredo, presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Todo un aviso a navegantes ante la posibilidad de que el Ejecutivo imponga una tasa del 19% a la facturación de estas instalaciones, convertidas para muchos en algo más que una apuesta industrial. Un plan de pensiones, para unos; un producto financiero, para otros, deseosos todos de aprovechar las altas rentabilidades prometidas en su día en forma de primas.
El nuevo impuesto en ciernes podría incluso impactar en los balances de los bancos si se complica la devolución de la deuda, que en la mayoría de los casos superaba el 80% del proyecto. “El Ministerio se ha centrado en las TIR [tasas de retorno]. Los técnicos calculan que la fotovoltaica pasa de una TIR del 11% a un 7% con la medida y para ellos es suficiente. Sin embargo, el problema es de caja para pagar la deuda”, deja claro Barredo. ¿Y pueden terminar los proyectos en manos de los bancos? “Sin duda en el caso de los proyectos del 661. Con nuevas tasas sería imposible repagar. ¿Y qué empresa va a meter más dinero para sacar adelante los proyectos cuando no verá rentabilidades hasta dentro de 16 años?”, zanja.
El Real Decreto 661/2007, auspiciado por Industria en la época de Miguel Sebastián, es el punto de inflexión para explicar la burbuja fotovoltaica: concedía generosas primas sin que el Ministerio efectuara un control de los flujos. ¿Conclusión? Un boom demasiado caro. “Tenemos una imagen pésima, pero el problema ha sido de regulación. Primero el Real Decreto 436, con Rato, y luego el 661. Y no es que la normativa estuviera mal, es que los gobiernos no han gobernado. Ya nos reunimos con Clos en 2007 para advertirle de la pelota que se podía organizar. Y luego vino Sebastián, que tardó cuatro o cinco meses en recibirnos. Es problema ha sido la inoperancia por parte de quien mandaba . Y por cierto, luego sólo se ha podido demostrar un 0,5% de fraude”, argumenta Barredo.
Hay que avanzar unos años para entender el estrangulamiento de tesorería que afrontan ahora las empresas con el nuevo impuesto. Para intentar frenar la escalada en las primas a la fotovoltaica, el Gobierno aprobaba tres años más tarde el Real Decreto-ley 14/2010, que reducía en un 30% la rentabilidad de las plantas durante tres años a cambio de ampliar su vía útil susceptible de retribución de 25 a 30 años. La medida, de aliento cortoplacista, no cambiaba la rentabilidad en el conjunto de los proyecto, pero sí complicaba a corto plazo el flujo de caja de las empresas, obligadas en muchos casos a renegociar sus créditos con las entidades financieras.
“Lo que hicieron muchos fue minimizar el impacto a corto. A los bancos les venía bien renegociar porque cobraban más intereses, y el particular, al menos, salvaba esos tres años, en los que perdía todos sus retornos pero al menos lograba pagar los costes sin tener que poner más dinero. Si ahora les cae una tasa del 19% sobre la facturación, la situación en los próximos dos años se convierte en insostenible”, explican fuentes del sector. Un promotor hace hincapié en que estas medidas retrasan el momento en que los inversores cobrarán dividendos, lo que ha hecho que muchos -sobre todo extranjeros- ya se hayan planteado abiertamente entrar en suspensión de pagos y entregar los proyectos a los bancos.
Sin rentabilidad hasta el 2025
“Tras el recorte del 30% en las primas y con un gravamen adicional del 14%, mi proyecto mejor estructurado alcanzaría una rentabilidad del 6%, por debajo del precio del dinero. Y no podría recuperar cash-flow y repartir dividendos hasta el año 2025. Ni siquiera nos habíamos planteado un modelo con la tasa del 19% que plantea el Gobierno ”, aseguraba el viernes un promotor. El problema puede terminar estallando a los bancos. Con los españoles BBVA, Santander, La Caixa, Banesto y Bankia especialmente afectados, y tambiéncon exposición relevante de la gran banca europea, en torno a 7.000 millones. Están en peligro entidades alemanas -Nordbank, West LB y Deutsche Bank-, francesas -Dexia, Natixis, Societe Generale o Calyon- y británicas -Royal Bank of Scotland y Bank of Scotland-.
Un escenario que avala que los inversores extranjeros no hayan perdido de vista España y su regulación a la fotovoltaica ni un minuto. Unos 15 fondos internacionales están inmersos en un arbitraje internacional contra el país por la citada reducción de tarifas del 30% -presuntamente retroactiva- acordada por el Gobierno del PSOE. Firmas como AES Solar, Ampere, Elemento Power, Hazel Capital, HgCapital, Hudson Clean Energy,Impax, NIBC Infraestructure, entre otras, habían comprometido en el sector fotovoltaico español los 3.000 millones de euros. Y calculaban un impacto sobre su facturación de 400 millones. La vista oral ya se ha abierto en Suiza. Según los datos que manejaba el sector en el arranque de la crisis, el capital extranjero comprometido supera los 10.000 millones de euros.
Pese a la magnitud del problema, el ministro de Industria, José Manuel Soria, prefirió aislarse del sector desde que tomó el mando de las operaciones.“Nos hemos reunido con Hacienda, con Comercio, con Asuntos Exteriores, con Vicepresidencia, con todos menos con Industria. Hasta que no tuvieran lista la reforma no querían ver a nadie. Somos conscientes del problema y estamos dispuestos a contribuir. Cualquiera que se siente con nosotros y nos deje que se lo expliquemos, lo puede entender. Pero con Industria no ha sido posible”, asegura Barredo con cierta amargura. El Gobierno aprobó el viernes medidas parciales para atajar el déficit de tarifa, pero aplazó una vez más el esperado paquete fiscal, la batería de medidas con la que el tándemMontoro-Soria tiene en vilo al sector.
Entre las disposiciones adoptadas el viernes, la más significativa es la que establece que los consumidores pagarán precios distintos por la electricidad en función de su autonomía de residencia. “En caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las Comunidades Autónomas o recargos sobre tributos estatales, al peaje de acceso se le incluirá un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma”, reza el BOE. Una suerte de armonización fiscal que busca evitar que todos los consumidores absorban los incrementos acordados por cada región. El Real Decreto también reduce la retribución por transporte y de los costes por cubrir el servicio eléctrico en las Islas.
“El Gobierno se está olvidando de que hay 200.000 familias invertidas en la fotovoltaica. Este es un producto que vendía Banif en ventanilla a participaciones de 10.000 euros”, lamenta Jorge Barredo, presidente de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Todo un aviso a navegantes ante la posibilidad de que el Ejecutivo imponga una tasa del 19% a la facturación de estas instalaciones, convertidas para muchos en algo más que una apuesta industrial. Un plan de pensiones, para unos; un producto financiero, para otros, deseosos todos de aprovechar las altas rentabilidades prometidas en su día en forma de primas.
El nuevo impuesto en ciernes podría incluso impactar en los balances de los bancos si se complica la devolución de la deuda, que en la mayoría de los casos superaba el 80% del proyecto. “El Ministerio se ha centrado en las TIR [tasas de retorno]. Los técnicos calculan que la fotovoltaica pasa de una TIR del 11% a un 7% con la medida y para ellos es suficiente. Sin embargo, el problema es de caja para pagar la deuda”, deja claro Barredo. ¿Y pueden terminar los proyectos en manos de los bancos? “Sin duda en el caso de los proyectos del 661. Con nuevas tasas sería imposible repagar. ¿Y qué empresa va a meter más dinero para sacar adelante los proyectos cuando no verá rentabilidades hasta dentro de 16 años?”, zanja.
El Real Decreto 661/2007, auspiciado por Industria en la época de Miguel Sebastián, es el punto de inflexión para explicar la burbuja fotovoltaica: concedía generosas primas sin que el Ministerio efectuara un control de los flujos. ¿Conclusión? Un boom demasiado caro. “Tenemos una imagen pésima, pero el problema ha sido de regulación. Primero el Real Decreto 436, con Rato, y luego el 661. Y no es que la normativa estuviera mal, es que los gobiernos no han gobernado. Ya nos reunimos con Clos en 2007 para advertirle de la pelota que se podía organizar. Y luego vino Sebastián, que tardó cuatro o cinco meses en recibirnos. Es problema ha sido la inoperancia por parte de quien mandaba . Y por cierto, luego sólo se ha podido demostrar un 0,5% de fraude”, argumenta Barredo.
Hay que avanzar unos años para entender el estrangulamiento de tesorería que afrontan ahora las empresas con el nuevo impuesto. Para intentar frenar la escalada en las primas a la fotovoltaica, el Gobierno aprobaba tres años más tarde el Real Decreto-ley 14/2010, que reducía en un 30% la rentabilidad de las plantas durante tres años a cambio de ampliar su vía útil susceptible de retribución de 25 a 30 años. La medida, de aliento cortoplacista, no cambiaba la rentabilidad en el conjunto de los proyecto, pero sí complicaba a corto plazo el flujo de caja de las empresas, obligadas en muchos casos a renegociar sus créditos con las entidades financieras.
“Lo que hicieron muchos fue minimizar el impacto a corto. A los bancos les venía bien renegociar porque cobraban más intereses, y el particular, al menos, salvaba esos tres años, en los que perdía todos sus retornos pero al menos lograba pagar los costes sin tener que poner más dinero. Si ahora les cae una tasa del 19% sobre la facturación, la situación en los próximos dos años se convierte en insostenible”, explican fuentes del sector. Un promotor hace hincapié en que estas medidas retrasan el momento en que los inversores cobrarán dividendos, lo que ha hecho que muchos -sobre todo extranjeros- ya se hayan planteado abiertamente entrar en suspensión de pagos y entregar los proyectos a los bancos.
Sin rentabilidad hasta el 2025
“Tras el recorte del 30% en las primas y con un gravamen adicional del 14%, mi proyecto mejor estructurado alcanzaría una rentabilidad del 6%, por debajo del precio del dinero. Y no podría recuperar cash-flow y repartir dividendos hasta el año 2025. Ni siquiera nos habíamos planteado un modelo con la tasa del 19% que plantea el Gobierno ”, aseguraba el viernes un promotor. El problema puede terminar estallando a los bancos. Con los españoles BBVA, Santander, La Caixa, Banesto y Bankia especialmente afectados, y tambiéncon exposición relevante de la gran banca europea, en torno a 7.000 millones. Están en peligro entidades alemanas -Nordbank, West LB y Deutsche Bank-, francesas -Dexia, Natixis, Societe Generale o Calyon- y británicas -Royal Bank of Scotland y Bank of Scotland-.
Un escenario que avala que los inversores extranjeros no hayan perdido de vista España y su regulación a la fotovoltaica ni un minuto. Unos 15 fondos internacionales están inmersos en un arbitraje internacional contra el país por la citada reducción de tarifas del 30% -presuntamente retroactiva- acordada por el Gobierno del PSOE. Firmas como AES Solar, Ampere, Elemento Power, Hazel Capital, HgCapital, Hudson Clean Energy,Impax, NIBC Infraestructure, entre otras, habían comprometido en el sector fotovoltaico español los 3.000 millones de euros. Y calculaban un impacto sobre su facturación de 400 millones. La vista oral ya se ha abierto en Suiza. Según los datos que manejaba el sector en el arranque de la crisis, el capital extranjero comprometido supera los 10.000 millones de euros.
Pese a la magnitud del problema, el ministro de Industria, José Manuel Soria, prefirió aislarse del sector desde que tomó el mando de las operaciones.“Nos hemos reunido con Hacienda, con Comercio, con Asuntos Exteriores, con Vicepresidencia, con todos menos con Industria. Hasta que no tuvieran lista la reforma no querían ver a nadie. Somos conscientes del problema y estamos dispuestos a contribuir. Cualquiera que se siente con nosotros y nos deje que se lo expliquemos, lo puede entender. Pero con Industria no ha sido posible”, asegura Barredo con cierta amargura. El Gobierno aprobó el viernes medidas parciales para atajar el déficit de tarifa, pero aplazó una vez más el esperado paquete fiscal, la batería de medidas con la que el tándemMontoro-Soria tiene en vilo al sector.
Entre las disposiciones adoptadas el viernes, la más significativa es la que establece que los consumidores pagarán precios distintos por la electricidad en función de su autonomía de residencia. “En caso de que las actividades o instalaciones destinadas al suministro eléctrico fueran gravadas, directa o indirectamente, con tributos propios de las Comunidades Autónomas o recargos sobre tributos estatales, al peaje de acceso se le incluirá un suplemento territorial que cubrirá la totalidad del sobrecoste provocado por ese tributo o recargo y que deberá ser abonado por los consumidores ubicados en el ámbito territorial de la respectiva Comunidad Autónoma”, reza el BOE. Una suerte de armonización fiscal que busca evitar que todos los consumidores absorban los incrementos acordados por cada región. El Real Decreto también reduce la retribución por transporte y de los costes por cubrir el servicio eléctrico en las Islas.
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