La Audiencia rechaza que las escuchas de Garzón contaminen todo el ‘caso Gürtel’

Frenando J. Pérez - 11/2/2014

La Sección Cuarta valida las pruebas recabadas durante la investigación 

Una de las aportaciones más originales del derecho norteamericano a la jurisprudencia española —y también de otros países— es la llamada doctrina de los frutos del árbol envenenado. Esta metáfora legal establece que todas las pruebas y evidencias obtenidas irregularmente durante una instrucción judicial no pueden ser admitidas y utilizadas en la fase de juicio. Es decir, si la fuente de prueba (el árbol) está contaminada, lo que se pueda obtener de él en la vista oral (el fruto) también lo está.

La aplicación de esta doctrina anglosajona —en este caso en sentido negativo— está en la base del auto emitido ayer por la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Este tribunal decretó ayer que la práctica totalidad de las pruebas obtenidas durante los cinco años de investigación del caso Gürtel son válidas, y que las escuchas ilegales en prisión a los abogados de los principales imputados en la trama corrupta, y que costaron la inhabilitación al juez Baltasar Garzón, no contaminan el resto de la causa.

El auto de la Sección Cuarta, de 30 páginas, confirma otra resolución del pasado 7 de octubre del juez Pablo Ruz, actual instructor del caso Gürtel. Ruz declaró ilícitas y sin efecto las escuchas ordenadas por su antecesor al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5. Sin embargo, el magistrado dejó al margen y libró de la ilicitud el resto de las diligencias practicadas en la causa contra la corrupción en el PP.

Esta resolución de Ruz fue recurrida por seis de los principales imputados, entre ellos Francisco Correa y Pablo Crespo, que pidieron a la Sección Cuarta que anulara “la totalidad” del procedimiento y archivara la causa contra ellos por “vulneración reiterada e irremediable de los derechos fundamentales”. Garzón intervino las comunicaciones en prisión de Correa, Crespo y Antoine Sánchez con sus abogados desde el 19 de febrero hasta el 6 de mayo de 2009. Aquella “grave intromisión en el derecho de defensa” que costó la carrera a Garzón, sirvió para que los letrados pidieran la “nulidad radical” de todo lo investigado tanto antes como después. Las diligencias se abrieron en 2008, casi un año antes de que se produjeran las escuchas ilegales.

El oasis de la impunidad

Baltasar Garzón - 3/2/2014

La reforma de la jurisdicción universal del PP es un ejemplo de cinismo político

• Toda la información sobre la jurisdicción universal
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• Lo peor que puede suceder a un Gobierno es que mienta de forma sistemática a los ciudadanos, pretextando que con ello garantiza sus derechos. El último ejemplo, pero no único, lo tenemos en España. En esta ocasión el Gobierno no ha tenido el valor suficiente para cometer el atropello de propia mano y ha utilizado al partido que lo sustenta para presentar la reforma de la jurisdicción universal (JU). Ante este hecho la pregunta es: ¿hasta dónde es posible que un partido democrático se preste a generar espacios de impunidad cuando se trata de combatir los crímenes más graves contra la humanidad, con la excusa de la defensa de las víctimas, a las que, sin el menor pudor, se las categoriza o clasifica según el interés político o económico que convenga?
• Cuando el Partido Popular apoyó la invasión de Irak, a pesar de que se trataba de una manifiesta guerra ilegal y no le tembló la mano por las decenas de miles de muertos inocentes que siguen esperando justicia; cuando se opone al reconocimiento de la verdad y justicia para las víctimas de los crímenes franquistas, discriminándolas con las del terrorismo, y cuando ahora, a golpe de taconazo chino, atendiendo a motivos económicos, degrada la JU hasta hacerla desaparecer, solo consuma una estrategia que lleva en las entrañas contra todos aquellos que luchamos contra la impunidad. Poco importa que la JU pretenda amparar a las víctimas universales de crímenes masivos o que España fuera pionera en la conquista de aquella, porque la ausencia de valor económico la convierten en material biodegradable. La sensación de vacío que produce esta iniciativa legislativa genera auténtico pavor. Todo parece posible en este descenso hacia lo más oscuro de la democracia. Contrariamente a países como Francia o Argentina que han reforzado ese ámbito sagrado de los derechos de las víctimas frente a crímenes internacionales, España ha decidido, de la mano del PP, consolidar la impunidad en aras a una buena respuesta de los mercados, un adecuado tratamiento de la deuda y una soportable prima de riesgo, olvidando el derecho de los ciudadanos a estar protegidos de quienes les asesinan, desaparecen o torturan, a veces desde el propio Estado.
  Todo parece posible en este descenso hacia lo más oscuro de la democracia  

El Supremo se equivoca con Garzón

Andrés Muñiz 10/08/2012

El alto tribunal calcula un año más de condena al juez al no descontar el periodo de suspensión cautelar por la causa contra el franquismo, por la que fue absuelto

Baltasar Garzón cumplirá su condena de inhabilitación como juez en mayo de 2021 y no en abril de 2022, como inicialmente estableció el Supremo. El alto tribunal se confundió en casi un año, en perjuicio de Garzón, al hacer su liquidación de condena, ya que no descontó de la pena de inhabilitación el tiempo en que el juez estuvo suspendido cautelarmente de funciones en la causa por prevaricación que se le abrió en relación a la investigación de los crímenes del franquismo, en la que fue finalmente absuelto.

El pasado 16 de mayo, la Sala que había condenado en febrero de este año a Garzón por las escuchas del "caso Gürtel"estableció que cumplía su pena de 11 años de inhabilitación el 3 de abril de 2022. En el mismo auto tuvo por ejecutada la pérdida de la condición de magistrado del condenado --expulsión de la carrera judicial--, así como el pago de la multa de 2.520 euros de multa impuesta al inculpado.

La representación del juez ha alegado ante el tribunal que dicha liquidación de condena es incorrecta, al no computar que desde el 14 de mayo de 2010 ya estaba suspendido en sus funciones de juez por el Consejo General del Poder Judicial, tras ser inculpado por delito de prevaricación en su investigación de los crímenes del franquismo, causa en la que finalmente fue absuelto. Posteriormente, en abril de 2011, el CGPJ le volvió a suspender --sin efectos prácticos, al estar ya suspendido-- por la apertura de juicio oral contra él por la escuchas del 'caso Gürtel'. 

“Soy el último exiliado del franquismo”

Natalia Junquera 5 agosto 2012

El exmagistrado de la Audiencia Nacional liderará el equipo jurídico de Assange

Desde su inhabilitación, Garzón ha creado un bufete y una fundación pro derechos humanos

Cuenta Baltasar Garzón entre risas que, al verle caminar solo, sin escoltas, hay gente que le para por la calle y se ofrece a escoltarle hasta el sitio donde vaya. Lo dice mientras entra en el parque del Retiro sin esas sombras que le han acompañado y protegido durante años de una larguísima lista de enemigos —la más larga que ningún juez podría escribir en España— y cuya retirada abrupta provocó un duro enfrentamiento con el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. “La escolta no es un servicio de mayordomía que presta el Estado”; el riesgo de Garzón no viene “de los terroristas, sino de la ciudadanía”, dijo el número dos de Interior. Él dice que no tiene miedo. Sigue recibiendo amenazas de muerte, pero ya no en España, sino en los sitios donde ahora trabaja: Colombia, México..., donde sí tiene protección.

Hace algo más de dos años y dos meses que bajó las escaleras de la Audiencia Nacional por última vez, suspendido cautelarmente por el Consejo General del Poder Judicial después de que el juez Luciano Varela, instructor de la causa contra él por la investigación de los crímenes del franquismo, dictara siete resoluciones en un día para forzar su suspensión. Y han pasado casi seis meses desde que fue condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas de Gürtel,poniendo fin a una carrera judicial de 31 años, 22 de ellos en la Audiencia Nacional, desde donde desarticuló el entramado de ETA, desmanteló multitud de redes de narcotráfico y blanqueo, y ordenó la detención del general Pinochet. “Yo soy juez, no ex. Todavía tengo mi título”, se resiste. Está decidido a luchar “hasta el último aliento” en todas las instancias judiciales por que un tribunal diga que esa sentencia “nunca debió dictarse”.